Resuelto el pago a Repsol, Miguel Galuccio comenzó una silenciosa pero dura disputa con los gobernadores de las provincias petroleras para que colaboren en el pago de la indemnización a la petrolera española y que ahora se trasladó al control de las áreas a explotar.

La primera en hacerse sentir fue Neuquén, donde esta semana, ni bien se sancionó el acuerdo con Repsol, el gobernador Jorge Sapag hizo circular un borrador de un proyecto de ley para regular las concesiones que podría condicionar la tarea de YPF en la provincia de Vaca Muerta, el mega yacimiento del shale oil presentado como el principal activo de la petrolera estatal.  

Sorpresivamente, el texto incluyó entre sus propuestas que finalizados los contratos las áreas concesionadas recaigan en Gas y Petróleo del Neuquén (G&P), la empresa controlada por la Gobernación, según informó el diario La Mañana de Neuquén. Esto restaría cualquier privilegio a YPF y menores posibilidades de conseguir inversores a largo plazo.

Quienes siguen la dinámica petrolera neuquina creen que la amenaza no hizo más que traslucir la dura convivencia entre los técnicos de YPF y los de G&P, cuyo titular, Guillermo Coco, sale a buscar inversiones aún con mayor frecuencia que Galuccio.

Idas y vueltas

La pelea desnuda las idas y vueltas de la política petrolera del kirchnerismo. Es que fue Néstor Kirchner quien en 2006 aprobó lo que en la jerga llaman “ley corta”, que es la reglamentación de la potestad que las provincias tienen sobre las áreas petroleras según el artículo 124 de la constitución, en su reforma de 1994.

La ley no sólo confirma los derechos de todos los permisos de exploración y concesión de la explotación de hidrocarburos, sino que en le confiere a las provincias “la autoridad de aplicación y la función de contraparte”.

Con esta norma, desde 2006 los gobernadores de las provincias petroleras cerraron jugosos contratos con petroleras de todo el mundo.

A Galuccio no le simpatiza la libertad con la que se manejan y lo dejó claro en el decreto reglamentario de la ley de expropiación de YPF, que plantea un contralor compartido entre Nación y provincias.

Cuando se conoció, los gobernadores salieron al cruce y el petrolero Guillermo Pereyra, ahora senador del Movimiento Popular Neuquino, se alejó del Directorio de YPF.

En la última sesión, Alicia Comelli, diputada del MPN y habitual aliada del kirchnerismo, apoyó el acuerdo con Repsol pero repudió ese decreto:

“En su momento dejamos claro que pretendía avanzar sobre determinadas cuestiones, como el régimen sancionatorio, que de acuerdo a la ley nacional no es de competencia de la Nación”.

La jugada de Sapag

La silenciosa disputa entre YPF y las provincias es por la renovación de concesiones. En principio, el proyecto de Sapag pretende regular eso para las explotaciones no convencionales, eje de los planes de Galuccio.

“Buscamos que las empresas que ya tienen concesiones hasta 2027 puedan tener otra para explotar el no convencional por 35 años en clusters productivos, ya que es el tiempo necesario para esperar resultados. YPF y G&P son socios porque el bien escaso son los inversores”, afirmó a LPO Luis Sapag, legislador de Neuquén, primo del gobernador y presidente de la Comisión de Hidrocarburos.

Pero en el mismo borrador se planteó que todas las áreas que venzan en 2026 y 2027 pasen inmediatamente a manos de GyP. O sea, no tendrá prioridad ninguna empresa que ya haya administrado concesiones, ni siquiera YPF.

Con estas restricciones, Galuccio o quien lo suceda no podrá planificar inversiones a largo plazo sin pedirle permiso al gobernador.

La restricción marcaría un duro antecedente para las otras provincias: la mayoría ya está armando empresas provinciales similares a GyP.

Fuentes de la gobernación neuquina aseguraron a LPO que esta parte del borrador no formará parte del proyecto de ley. Pero la duda es quién lo escribió y cuál fue el objetivo de hacerlo trascender.

Por si fuera poco, a YPF se le vencen este año varios permisos exploratorios obtenidos en las primeras rondas de G&P y debería devolverlos si no anuncia descubrimientos. Cerca de Sapag creen que no faltarán ofertas de otras empresas.    

El rumor más fuerte es que el borrador fue una respuesta sutil al acuerdo con Repsol firmado por Galuccio, que dejó atónitos a los gobernadores al enterarse que las provincias deberán pagar su parte de los 5000 millones de dólares cuando los españoles quieran vender sus bonos.

Neuquén tiene más del 10% de la petrolera y Sapag ya avisó que Neuquén nunca lo pagará en efectivo.

La ley no especifica cómo las provincias cancelarán su parte y consultado en el Senado Carlos Zannini sugirió que, llegado el momento, podrán canjear esa deuda por concesiones de áreas petroleras.

Como relató LPO, en su última reunión con diputados del kirchnerismo, Galuccio esquivó esa pregunta y aprovechó para hacer saber su furia por las áreas que, según su parecer, algunos gobernadores otorgaron a precios bajos.

Es que las concesiones les permiten a los jefes provinciales cobrar un monto inicial y un canon especial, además de las regalías mensuales. Un acuerdo que puede ser más jugoso con un privado que con YPF, aunque no esté a tono con la política energética de Cristina Kirchner.

Intimado, Galuccio no se quedo de brazos cruzados e hizo llegar a los oídos de Sapag la amenaza de derogar la “ley corta”. Fuentes de la petrolera se lo negaron a LPO, prueba de que, por ahora, la sangre no llegó al río.